Hay muchas formas de gobernar y legislar. Y a primera vista, dadas las
críticas generalizadas que suscitan todas las decisiones que tomen las
administraciones públicas, son todas malas. Pero sin tratar de calificarlas
como buenas o malas y simplificando quizá en exceso, creo podemos dividir las
decisiones de nuestros gobernantes en dos amplias categorías: a) aquellas que
afectan a toda la población o, al menos, a amplísimos grupos; b) aquellas que están
diseñadas para colectivos muy específicos.
En muchas ocasiones, el legislador trata de evitar a toda costa que la generalidad
de la población o individuos que no lo necesitan se beneficien de medidas que
están diseñadas para grupos muy concretos. Para conseguirlo, la legislación se
llena de detalles que son a veces difíciles de conocer en su totalidad. Se
ponen límites más o menos artificiales y condiciones que hay que cumplir de
manera taxativa, so pena de no poder acceder a tal o cual ayuda, a un beneficio
que puede ser absolutamente necesario.
Nada que objetar al principio general de que, en particular en una
situación como la actual, hay que ayudar al que de verdad lo necesita. Lo que
ocurre es que el nivel de detalle en la legislación y normativas deja fuera en
ocasiones a gente que necesita esa ayuda, a veces simplemente porque no puede aportar
la documentación necesaria para acreditar su situación, por no cumplir algún
requisito concreto o, peor aún, porque su situación es todavía peor de lo que
la legislación ha considerado y se salen de los criterios aplicables, pero por
la parte de abajo.
Por ejemplo, hace unos días leí un demoledor artículo sobre las condiciones
de confinamiento, en 35 metros cuadrados, de una familia de cinco personas
(una pareja con hijos de dos, cuatro y seis años). Ella desempleada y él
afectado por un ERTE, cuentan con una ayuda regional para pagar el alquiler de
650 euros que les cuesta la buhardilla. Pero he aquí que esa ayuda al alquiler
solo la reciben cuando presentan el recibo de haberlo pagado. Entiendo que es
una medida para evitar fraudes (ie, gente cobrando ayudas por alquileres que no
existen), pero en este caso la medida de precaución se ha convertido en un
obstáculo insalvable para una familia que, con toda seguridad, el próximo mes
no podrá pagar el recibo del alquiler.
También he conocido un caso cercano de una persona a la que le han negado
la ayuda
extraordinaria para los profesionales autónomos. No sé si se lo habrán
negado porque no ha podido demostrar el cese de actividad o una caída de los
ingresos del 75% respecto a los seis meses anteriores (las condiciones que
parece que hay que cumplir). Lo que sí que sé es que su actividad está ligada a
la publicidad física (estadios y campos de fútbol) en las competiciones
deportivas. Desde que empezó el confinamiento no hay fútbol y está mano sobre
mano. Cierto que la publicidad no ha sido obligada a cerrar por decreto, pero
en muchos casos –y en este en concreto- el cese ha venido forzado por las
circunstancias.
Todo ello nos lleva a la idea de la renta
mínima universal o el ingreso mínimo vital que, aparentemente, estará en
marcha en algún momento del mes de mayo. Lo que se está estudiando -de acuerdo con la información que aporta el artículo de El Español- es una norma
que se aplicaría en función de unos criterios bastante estrictos y beneficiaría, con importes de unos 500 euros mensuales, a individuos con rentas actuales
inferiores a 200 euros al mes (450 de renta conjunta en caso de personas que
convivan con otras en la misma residencia).
Yo me pregunto qué será entonces de aquellas personas que cuenten con un
ingreso de, digamos 250 o 300 euros mensuales, claramente insuficientes para
sobrevivir, pero superiores al límite para acceder a la ayuda. Se quedarán con
la cara del confinado de piedra, atontados con el pensamiento de que, si tuviesen
la mala suerte de ganar 50 o 100 euros menos al mes, acabarían ingresando 500
más.
Ante toda la panoplia de ayudas específicas (para sectores económicos
concretos o para individuos que cumplan determinadas condiciones) y ante el
conocimiento cierto de que la crisis del coronavirus va a afectar de forma
amplia a toda la economía y a toda la población, yo me pregunto si no sería el
momento de considerar las ayudas de un modo más amplio. En la modalidad a) que
planteaba al comienzo.
Hace menos de un mes, Toni Roldán, uno de los constructores del programa
económico de Ciudadanos y miembro de su dirección hasta que se cabreó con la
errática política de Rivera, hizo una propuesta
de renta básica universal que creo que merece toda consideración: pagar
durante tres meses un sueldo de 1.000 euros a todos los españoles en edad de
trabajar. Un sueldo que se devolvería vía impuestos de modo inversamente proporcional
a cómo haya afectado la caída de las rentas a cada individuo durante la crisis
(quienes no hubiesen sufrido caídas de ingresos, lo devolverían íntegro).
Creo que es una propuesta que ha pasado más bien desapercibida, pero aporta
el valor de la inmediatez, la simplicidad y la universalidad, evitando que los
individuos que se sitúan en los límites de los requisitos queden marginados. Ahí
lo dejo para la reflexión.
Mañana comenzamos semana, sin novedad en el frente, pero con ganas de que
esto se vaya pasando, que ya toca.
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